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Belén Gopegui lo ha dicho más de una vez: en este país --me temo que en toda Europa-- la izquierda ya no existe, o cuando mucho ha quedado reducida al rincón oscuro de unas pocas mentes que la ocultan piadosamente y casi con vergüenza, como a un hijo ideológico deforme. Botones de muestra --una fábrica de botones entera-- ofrece el PSOE todos los días pese a sus gestos sociales, que aunque enarbolan la bandera de la tolerancia cuando se manifiesta el espantajo del espíritu santo, nada cambian en lo estructural (y es la estructura la que nos aprisiona: por una vez sí, ¡es la economía, idiota!). El PSC, en concreto y para hablar de lo que directamente me aqueja, ha conseguido en el Ayuntamiento de Barcelona un currículum que haría las delicias de cualquier neoliberal. El sueño urbano del último franquismo, convertir la Ciudad Condal en un centro de servicios para el ejecutivo medio europeo, ha tenido su realización a través de manos socialistas, que convenientemente lo han adaptado a los tiempos globales: Barcelona es ahora lugar de circulación idóneo para los movimientos inversores y el estucado arquitectónico al que ha sido sometida --el maquillaje de la puta-- tiene mucho que ver con la necesidad de amoldar la imagen urbana a ese papel y al gusto de sus protagonistas. Los pequeños talleres del Poble Nou, las plazas no urbanizadas (a las que les falte su correspondiente parking subterráneo), las cases de quart de la Barceloneta, son restos históricos demasiado asilvestrados para satisfacer estéticamente al hombre del maletín, incluida su versión turística en formato estudiante universitario de Management y futuro director de vaya usted a saber el qué. (Sobre el plan urbanístico para la Barceloneta, lo juro: una vez fui a cenar al Boliche del gordo Cabrera, y en diagonal a la mesa que yo ocupaba se sentaron dos tipos --del especimen jersey negro de cuello alto y cabellera a lo Garzón-- que no pararon de hablar sobre la ampliación de suelo construido que supondría eliminar las cases de quart y sobre el consiguiente aumento que entonces podría aplicarse a los correspondientes alquileres.)
Parece que me voy por las ramas, como suelo; pero es que en cualquier novela naturalista hay que cuidar la ambientación y los antecedentes. De lo que yo quería hablar es de la ley de educación que nos está preparando Ernest Maragall, y del alarmante desprestigio que últimamente sufre cualquiera que convoque una huelga. Y sin embargo no es casualidad que me haya salido un parrafito como el de arriba: a los personajes hay que conocerlos en su medio, y si encima el medio ha sido creación directa de ellos, ni te digo. Sirva esa entrada como marco que explica muchas otras cosas, como por ejemplo, que no hay que esperar peras del olmo, o que de d'on no n'hi ha, no en raja. A ver si me explico: dudo que los que han propiciado la ruptura del tejido social en los barrios populares abriendo en ellos brechas por las que inyectar dosis de oxigenante clase media tengan intención alguna de darle vidilla a un sistema público de educación que se quiere --aunque lo consigue escasamente, dada la situación en que se encuentra-- uno de los motores de cohesión social en este país. Así que permítaseme que las Bases per a la Llei d'Educació de Catalunya me parezcan un documento sospechoso --cuando menos-- que extrañamente decide cambiar la gestión de los centros docentes y el sistema de incorporación del profesorado por considerar que son esos los factores responsables de la crisis educativa. Ninguna de las 4 leyes a las que los profesores han tenido que readaptarse en un período de 16 años (con la consiguiente carga burocrática: luego los acusan de inmovilismo) han sabido poner el dedo en la llaga verdadera: todas ellas han ido mareando la perdiz con una hora más de lengua o una hora menos de matemáticas; pero ni una ha querido devolverle al profesor el derecho a tener un criterio válido desde el que ejercer su profesión. Ese derecho se lo pasó por el forro la legión de pedagogos que al inicio de la reforma convenció a los docentes de que lo estaban haciendo muy mal, de que el constructivismo debía iluminar sus pasos por la senda de la educación, y de que los alumnos eran tan idiotas como para que el aprendizaje significativo --el único que ha existido en todos los tiempos, por mucho que la psicopedagogía pretenda arrogarse el invento-- tuviese que administrarse en porciones digeribles. Desde que los sacerdotes del constructivismo se apoderaran de la omniscencia divina sobre el funcionamiento del cerebro de los tiernos discentes, los profesores, a los que se acusaba de ser meros transmisores de datos, quedaron reducidos a ser meros propagadores de la doctrina. Y convertirlos en herramienta de las nuevas metodologías fue la excusa perfecta para que la Administración los ignorase olímpicamente; pues desde esa perspectiva no era ya que los centros careciesen de recursos económicos o humanos suficientes para llevar a cabo la reforma con éxito (si es que una reforma centrada en la desvalorización de los contenidos y del saber frente a la insistencia en el "aprender a aprender" puede tener éxito); sino que el problema estribaba en la incapacidad de los profesores para comprender y aplicar los nuevos métodos.
Ninguna ley, repito, de las que han ido sucediéndose desde hace 16 años hasta ahora ha pretendido modificar las bases --tan cómodas para justificar la falta de subvención económica-- del desaguisado educativo. Ninguna ha atendido a las necesidades y las reclamaciones de los profesores. Y mucho menos la que se avecina, que abunda nuevamente en ese deslizamiento de responsabilidades al que me acabo de referir. Pero hete aquí que las Bases de l'Ernest afirman que entre los motivos endógenos de la crisis en educación se encuentra "l'assimilació deficient d'una legislació educativa ni ben entesa ni ben rebuda per part del cos docent". Solo por la desfachatez de esa frase el profesorado entero tendría que haberse echado a la calle. Aunque hay más: resulta que el "model organitzatiu escolar" es tan rígido y pasado de moda --decimonónico, ay--, "que no tradueix l'increment de recursos en resultats suficientment positius". ¡Incremento de recursos! ¡Incremento de recursos! Ay, por Dios, permítanme la carcajada histérica, incremento de recursos, pero qué risa. ¿Qué incremento de recursos? ¿El mismo que tendría que producirse en la universidad pública para que la difusión del tan cacareado método constructivista --en eso se está convirtiendo a efectos prácticos la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior-- no quedase reducida a la pura aplicación voluntariosa de unos cuantos parches por parte de un profesor que hace lo que puede porque no dispone de dos o tres ayudantes que le organicen las sesiones de debate o le hagan el seguimiento de los diarios de reflexión de los alumnos, desideratum de las nuevas metodologías? ¿Incremento de recursos? Se equivoca usted de incremento, mi querido Ernest: el que verdaderamente se ha producido aquí --como en cualquier empresa que se precie, pues todo en nuestros tiempos globales, escuela pública y multinacional, izquierda y derecha, acaba adquiriendo la misma tonalidad-- es el de las funciones del profesorado, que ha tenido que cargar en su fardo la responsabilidad por todo aquel recurso que no ha llegado desde la Administración. Y para que las formas no sigan disonando con el fondo, para que la práctica tenga su plasmación en la ley, la Administración viene a decir ahora que se ha cansado de pagar, y que en aras de la mayor autonomía de los centros, les concede el derecho y "la facultat de contractar els serveis necessaris i més adequats per als objectius que s'hagin marcat". O sea, que si necesitas un trabajador social o un psicopedagogo, te vas al gabinete del barrio y alquilas uno por horas, porque Ensenyament ya no está dispuesto a proporcionártelos.
Para que semejante remodelación del sistema organizativo escolar surta efecto, las Bases prevén obviamente una "professionalització de les direccions dels centres", cuyo margen de decisión se estima ahora excesivamente constreñido por la estructura horizontal que funciona en la actualidad. Al parecer, para meter en cintura al profesorado no ha sido suficiente que Ensenyament presione a la dirección prometiendo recursos en proporción al número de aprobados --saltándose así cualquier consideración que vincule resultados académicos a desestructuración social-- y que a su vez la dirección presione al docente para que cambie sus calificaciones (en cualquier caso, si el suspenso es molesto, el claustro se encargará de ignorar la decisión del profesor y trocarlo en aprobado). No, al parecer eso no basta. El profesorado es turba difícil de domeñar --pese a la docilidad nunca lo suficientemente reprobable con que acogió la reforma--, y por tanto es necesario verticalizar lo que la transición democratizó. De manera que las Bases abogan por una "funció directiva [...] amb unes condicions de treball pròpies i clarament diferenciades de la resta de personal docent", no sea que al director del centro se le ocurra que tiene algo en común con sus subordinados. No sea que comprenda en carne propia su problemática y secunde sus reivindicaciones. No sea que, como a aquel médico que fue destituido de la dirección del CAP del Raval, se le ocurra en algún momento actuar sindicalmente y no cual directivo de empresa.
Si algo alarmante hay que añadir a todo esto, es que las estrategias y las maneras verbales de la socialdemocracia son ya idénticas a las del neoliberalismo: eufemismos aparentemente bienintencionados tras los que se esconden las prácticas reales. Vuelvo aquí a mi introducción urbanística, y hago una relación de ideas digna del aprendizaje significativo: si se traduce "plan de reforma y saneamiento de las viviendas de la Barceloneta" por la conversación que escuché en el Boliche del gordo Cabrera, se tendrá una aproximación de aquello por lo que se pueden traducir las "Bases per la Llei d'Educació de Catalunya". Y si se tiene en cuenta que antes de que salieran a la palestra las dichosas Bases, alguien se encargó previamente de aludir a su necesidad en los periódicos, se entenderá si algo huele a podrido o no en Dinamarca, y desde qué instancias se ha creado un estado de opinión que rechaza la protesta de los docentes. Lo que se ha venido a decir --padres y medios de comunicación-- es que los profesores son unos apoltronados con 3 meses de vacaciones y sueldo vitalicio que no quieren renunciar a unas condiciones laborales privilegiadas. Que la huelga no se ha hecho para reclamar cambios en la educación, sino para defender los salarios de los educadores. Que los profesores se creen los propietarios de la escuela pública. Que han ido a la huelga sin haber pensado siquiera en sentarse a negociar con el conseller (sí, claro, en eso estaba pensando l'Ernest). Que esta ha sido una huelga anti PSOE convocada a tales efectos en época electoral. Ante todo eso, me pregunto dos cosas. Una, en concreto: qué esperanza de ser escuchado debe de tener un sector social al que se le hace caso omiso desde hace más de 10 años, y por tanto, cuál se espera que sea su respuesta negociadora ante una ley que vuelve a silenciar los auténticos problemas. Y otra, más general: qué pasa en las mentes de los ciudadanos para que estos hayan comenzado a creer que el salario no es algo legítamamente defendible en una huelga. Qué es lo que está sucediendo para que, en lugar de reclamar para nosotros mismos unas condiciones laborales superiores a las que tenemos, reclamemos que los que sí las tienen renuncien a ellas. Y por qué no vale ya aquello de que la tierra para quien la trabaja. En fin, a mi marco inicial y aparentemente arbitrario me remito.
Otra cosa es que los sindicatos --que también hablan en izquierda pero viven cada vez más en la derecha-- se hayan apoderado de la protesta porque se les puso la mosca tras la oreja cuando se dieron cuenta de que Ensenyament los había ignorado por completo.
Sea.
Pero esta huelga y muchas como esta debían de estar teniendo lugar desde hace ya 10 años.
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óscar -